La Ley 57/2003 de 16 de diciembre de medidas para la modernización del Gobierno Local, también conocida como Ley de Grandes Ciudades, ya que afecta directamente a aquellos municipios que rebasen los 250.000 habitantes, viene a complementar la anterior legislación recogida en la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, según la cual se mantenía el  modelo tradicional de administración local española, sobre todo en lo relacionado a su sistema de competencias.

Singularmente, hay dos  ámbitos en los que ésta Ley se vio rápidamente desbordada por las exigencias de una vida local dinámica y rica, profundamente influida por las importantes transformaciones sociales, económicas y culturales que han venido experimentando los municipios españoles durante las últimas décadas, el modelo orgánico-funcional, lastrado por una percepción corporativista de la política local, y el rígido uniformismo, contemplando a todos, o la mayor parte de los municipio, con independencia de su demografía y complejidad, como organizaciones merecedoras de un tratamiento jurídico uniforme.

Ante todo ello se hizo necesario arbitrar una serie de medidas encaminadas a una mejor distribución de funciones, y al fortalecimiento de las funciones gestoras y ejecutivas, todo ello en aras de una mayor eficacia y agilidad así como una mejora de los mecanismos de control. Esto contribuyó a proveer de un liderazgo claro y diáfano ante la sociedad  respondiendo a la exigencia de un debate político abierto y creativo sobre las principales políticas de la ciudad.

En su Capítulo II, se aborda las organización y el funcionamiento de los municipios destinatarios de dicho régimen, regulando los órganos necesarios, así como la división territorial en distritos, los órganos superiores y directivos, la asesoría jurídica, los mecanismos de participación ciudadana, el Consejo Social de la Ciudad y el Consejo especial de Sugerencias y Reclamaciones.

Destacando el establecimiento del denominado Consejo social de la ciudad como mecanismo participativo de carácter consultivo de las principales organizaciones económicas y sociales del municipio, centrado especialmente en el campo del desarrollo  local y de la planificación estratégica urbana, ámbitos estos que están adquiriendo una importancia esencias en las políticas locales.

En su artículo 131 refleja textualmente:

1.  "En los municipios señalados en este título (más de 250.000 habitantes) existirá un Consejo Social de la Ciudad, integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas.
2. "Corresponderá a este Consejo, además de las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas, la emisión de informes en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos.”

El Consejo Social de la ciudad de Córdoba se constituye, al amparo de lo establecido en el Art. 131 de la Ley 7/85 RBRL, modificada por la Ley 57/2003 de medidas para la Modernización del gobierno local, como órgano consultivo y de opinión en materia socioeconómica de la corporación local.

El Consejo Social se regirá por lo dispuesto en este Reglamento, en sus normas internas de funcionamientos y por las normas del Régimen Local que le sean de aplicación.